La Plataforma por el Ocio, exige a las administraciones madrileñas actualizar urgentemente los criterios de aforo basándose en normativas de seguridad reales.
Esta revisión es vital para garantizar la supervivencia económica de las salas de conciertos, actualmente ahogadas por unas restricciones desfasadas que amenazan su viabilidad.
La industria de la cultura, la hostelería y los espectáculos de Madrid atraviesa un momento normativo decisivo. En un contexto donde el Ayuntamiento tramita el Plan Estratégico Municipal (dentro del PGOUM) y la Comunidad de Madrid diseña una nueva Ley de Espectáculos, la Plataforma por el Ocio ha alzado la voz para exigir que se desbloquee de forma urgente la revisión de los aforos en la ciudad. Esta reclamación cobra una importancia vital para el sector de la música en directo, fuertemente respaldado por la asociación Madrid en Vivo (entidad que forma parte activa de la Plataforma), que advierte de las graves consecuencias que el inmovilismo institucional tiene para las salas de conciertos.
La paradoja de los aforos y el ruido vecinal
Según denuncia la Plataforma, los criterios actuales de cálculo de aforos están completamente desfasados. Basados en parámetros urbanísticos y ambientales del PGOUM de 1997, estas normativas imponen restricciones que hoy resultan contraproducentes. La limitación estricta provoca que muchos locales tengan que operar muy por debajo de su verdadera capacidad, quedando medio vacíos en su interior mientras el público se ve obligado a hacer largas colas en la calle. Esto, paradójicamente, incrementa el ruido en la vía pública y las molestias para los vecinos en las zonas de ocio.
Para ilustrar este desajuste, la organización realizó recientemente una demostración en el histórico local El Penta, en el barrio de Malasaña. Según su licencia municipal actual, el establecimiento tiene autorizado un aforo de apenas 72 personas. Sin embargo, aplicando la normativa de seguridad vigente y los criterios de capacidad de evacuación y densidad del Código Técnico de la Edificación, el aforo real y seguro del local ascendería a 225 personas (un 312,5% más de lo permitido).
El impacto directo en las salas de conciertos y la labor de Madrid en Vivo
Para las salas de conciertos, la crisis de los aforos es una cuestión de supervivencia económica y cultural. La viabilidad de la música en directo depende estrechamente del volumen de venta de entradas. Al operar con aforos artificialmente reducidos, las salas ven mermados drásticamente sus ingresos, dificultando la rentabilidad de las programaciones, el pago a los artistas y el mantenimiento de los propios recintos.
Además, la Plataforma subraya que la derogación de la anterior instrucción de aforos en 2024 ha sumido al sector en una profunda inseguridad jurídica. Las salas de conciertos se enfrentan hoy a un riesgo constante de inspecciones, expedientes, acumulaciones de precintos y sanciones que amenazan con el cierre de numerosos negocios. La actualización de estas normativas permitiría a éstas adaptar su aforo a la realidad técnica de sus planes de evacuación. Una medida que no solo garantizaría recintos 100% seguros y una oferta de calidad, sino que también absorbería a la gente de las calles hacia el interior de los locales insonorizados, resolviendo gran parte de las molestias acústicas.
Un llamamiento urgente a las administraciones
Ante este bloqueo normativo de casi 30 años, la Plataforma por el Ocio y Madrid en Vivo instan al Ayuntamiento de Madrid a aprovechar este último año de legislatura para redactar y aprobar una nueva instrucción que adapte los aforos en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) con base en la seguridad real de la edificación. De igual forma, han solicitado a la Comunidad de Madrid que la futura Ley de Espectáculos fije de forma inequívoca el Código Técnico de la Edificación como estándar exclusivo para calcular la capacidad, exigiendo además que el régimen sancionador se ajuste a la gravedad real y objetiva de cada situación.
El futuro del tejido cultural y del ocio madrileño depende ahora de la voluntad política para aplicar el sentido común.